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Por Alejandro Díaz
Los efectos de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña como Estado Miembro de la Unión Europea (UE) en 2020 siguen teniendo consecuencias. Si bien el llamado BREXIT fue una salida civilizada a una malograda unión político-económica entre Gran Bretaña y los países de Europa Continental, tres años después siguen negociando detalles.
Durante nueve años (entre 1964 y 1973) el Reino Unido intentó aproximarse a la Comunidad Europea en forma indecisa. Después de ese largo tiempo de consideración, en 1973 decidió adherirse a la Comunidad Económica Europea (que en el Reino Unido llaman Common Market -Mercado Común-), precursora de la actual UE.
No bien firmada su adhesión siguieron las dudas entre los legisladores británicos, inclusive entre los ministros del gobierno, llevando a que en 1975 se realizara un segundo referéndum sobre la pertenencia británica al Mercado Común. Este primer referéndum decidió continuar su membresía por un margen amplio de 17 millones de votos contra 8.5. Pero los euroescépticos no se dieron por vencidos, intentando un referéndum más. Finalmente lo logran en 2016, ganando la posición de salir de la UE con el 51.9%, hecho que se concreta el 1 de febrero de 2020.
Durante los más de 45 años que perteneció a lo que ahora es la UE, el Reino Unido participó en forma intensa en todo tipo de negociaciones y de decisiones, aportando las cuotas correspondientes. Fue un miembro influyente, apreciado y respetado por el resto de los países de la UE que nunca le reprocharon sus indecisiones.
El referéndum de 2016 no puede decirse decisivo como el de 1975. Incluso, sólo Inglaterra votó a favor de la salida, pero por el tamaño de su población se impuso a Escocia, Gales e Irlanda del Norte donde apoyaron la permanencia.
El Brexit no generó una inconformidad tan amplia como en Irlanda del Norte. Es la única parte del país que tiene frontera terrestre con un país miembro de la UE, y que por ello se mantenía dentro de su espacio aduanero; una frontera conflictiva por más de un siglo por motivos políticos y religiosos que no deja de inquietar a las autoridades centrales tanto de Gran Bretaña como de la UE.
Hace un par de meses se dio un acontecimiento insólito: el primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se reunieron para intentar acordar una salida política a la que ha sido la mayor dificultad post Brexit entre el Reino Unido y la UE.
La isla de Irlanda, dividida formalmente en 1917 entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte (o Ulster), es escenario de conflictos desde la conquista inglesa en el siglo XII y la colonización protestante de tiempos de Enrique VIII. A sus habitantes los une el idioma inglés (aunque algunos hablen gaélico, lengua ancestral de Irlanda), pero los separa la religión. Todos son cristianos, unos son católicos y otros anglicanos, religiones que a pesar de ser muy cercanas dan origen a motivaciones de odio poco cristianas.
Cuando comenzaron las deliberaciones para dar forma legal al Brexit, la separación legal de Gran Bretaña de la Unión Europea, volvieron a inquietarse las dos comunidades irlandesas. Por ello, las autoridades centrales realizaron múltiples consultas entre ellos y con representantes comunitarios. Después de años de negociación, el paso de varios Primeros Ministros británicos y la franca oposición de la fracción más dura de los Unionistas se pudo llegar a un acuerdo que superó muchos problemas.
Así fue el Acuerdo de Viernes Santo (10 de abril de 1998) que partió del deseo democrático de Irlanda del Norte y de la República de Irlanda de comprometerse para sólo usar medios pacíficos y democráticos para construir un futuro en paz.
Desde entonces se enunció la creación de una Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte (Stormont), cuyas decisiones requieren una doble mayoría para ser aprobadas: que lo haga por su lado la mayoría de la comunidad republicana (católica) como de la unionista (protestante).
Así mismo, se estableció un Poder Ejecutivo para Irlanda del Norte bajo el sistema de ‘poder compartido’ según el método D’Hondt para repartir los ministerios en forma proporcional a la fuerza electoral de cada partido.
Aquél Acuerdo también incluyó el retiro de las tropas británicas y el desarme de los grupos paramilitares (católicos y protestantes), así como la transformación de la militarizada Policía Real de Ulster (Royal Ulster Constabulary) en policía civil.
Además, reconoció al gaélico como otro idioma oficial de Irlanda del Norte, y el que los habitantes de Irlanda del Norte puedan ser aceptados como británicos, irlandeses o ambos a elección de cada quien, estableciéndose el libre tránsito entre ambas entidades.
Pero ese Acuerdo vino a estropearse con el Brexit como daño colateral; de golpe desapareció el libre tránsito entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte al dejar de pertenecer esta última a la UE. El comercio, que siguió dándose como si Irlanda del Norte continuara siendo Estado miembro, se dificultó por los controles que Londres estableció para envíos a Irlanda del Norte.
Pero hace unos meses un suceso resolvió las dificultades de manera insólita. El rey Carlos III, que como monarca debiera mantener un perfil bajo en asuntos políticos según la tradición, logró convocar tanto al Primer Ministro Sunak como a la Presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Layen, a reunirse con él en el Castillo de Windsor para discutir un nuevo acuerdo.
El Acuerdo Marco de Windsor permite una fuerte colaboración entre el Reino Unido y la Unión Europea como socios cercanos ‘ahora y en el futuro’ como afirmó von der Leyen. El paso del Acuerdo por el Parlamento británico no fue fácil pues hubo que convencer tanto a euroescépticos como a los ‘ultras’ unionistas.
Técnicamente, no era necesario hacerlo pues lo acordado no supone una alteración del texto del protocolo de Irlanda. Sólo aporta soluciones concretas a problemas concretos, pero siempre —según Bruselas— dentro de los márgenes impuestos por el tratado.
Ahora los productos que viajen desde Inglaterra, Escocia o Gales hacia Irlanda del Norte y viceversa como destino final —es decir, que no prosigan viaje hacia territorios de la UE, como la República de Irlanda o el continente— circularán por la llamada “línea verde”; estarán exentos de controles aduaneros y sanitarios que complicaron las tareas de las empresas exportadoras. Además, Londres logra retener el control del IVA y demás impuestos para que haya unidad fiscal en el territorio británico.
Por último, los medicamentos que apruebe la agencia reguladora del Reino Unido podrán llegar de inmediato a las farmacias de Irlanda del Norte. No será necesario los apruebe la Agencia Europea de Medicamentos.
A cambio, Londres se comprometió con Bruselas a facilitar información digital instantánea de todos los movimientos de bienes. Parte fundamental de lo acordado tiene que ver con la aprobación de nuevas leyes y normas reguladoras de la UE para el mercado interior, que deberán aplicarse directamente a Irlanda del Norte, y con el papel del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) como supervisor último del buen funcionamiento de ese mercado, pero se introduce el llamado freno de Stormont (nombre de la Asamblea Norirlandesa). Como muchos habían pedido, la Asamblea tendrá voz en nuevas leyes y el mecanismo permite que la Asamblea frene la aplicación de leyes en Irlanda del Norte. Establece un claro proceso por el que ese organismo democráticamente electo active un freno de emergencia ante cambios que tengan impacto duradero e importante en sus ciudadanos.
El Acuerdo exige que sean 30 diputados de al menos dos partidos (el Stormont tiene 90 diputados) los que activen ese mecanismo. Se espera que la nueva legislación produzca cambios relevantes y de larga duración en el día a día.
Londres y Bruselas acordaron que el Tribunal de Justicia de la UE sea el último recurso en la supervisión del funcionamiento del mercado interior en Irlanda del Norte, permitiendo activar mecanismos de arbitraje. La presencia de ese tribunal se había convertido en casus belli para euroescépticos y unionistas.
Pero en este nuevo Acuerdo Marco de Windsor se trabajó no solo sobre las leyes de la UE, sino también sobre paneles de arbitraje. Ahí entra el nuevo freno de Stormont, según señaló la presidente de la Comisión Europea.
Esperemos que este acuerdo mantenga la paz y la concordia en toda la isla, hoy y en los años por venir.