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Trasfondo, mensaje geopolítico
y contexto internacional
El 29 de enero de 2026, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional y anuló la concesión que permitía a la Panama Ports Company —una filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings— operar dos de los puertos más estratégicos del istmo, Balboa y Cristóbal, ubicados en los extremos del Canal de Panamá. Esta decisión marca un giro jurídico y político de gran impacto, tanto interno como regional, pues define una nueva pauta frente a la participación de empresas vinculadas a China en infraestructura crítica de América Latina.
1. ¿Por qué se anuló la concesión?
La sentencia se basa oficialmente en argumentos constitucionales: la concesión y sus prórrogas, particularmente la extensión de 25 años aprobada en 2021, habrían sido otorgadas sobre leyes que vulneran la Carta Magna panameña, incluyendo la falta de un proceso competitivo y posibles irregularidades fiscales y contractuales detectadas en auditorías oficiales. El contrato fue señalado por autoridades locales como lesivo al interés público.
Además de lo jurídico, el fallo ocurre tras meses de debate político y diplomático: en 2025, el gobierno panameño inició una auditoría sobre el contrato de Hutchison, impulsada también por presiones externas y advertencias de actores internacionales respecto a la percepción de control extranjero sobre puntos neurálgicos de la logística mundial.
2. Contexto internacional y el papel de Estados Unidos
El momento de la anulación no es casual. Se produce en medio de una intensa rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump —quien asumió una posición cada vez más agresiva respecto a la influencia china en infraestructuras críticas— llegó a decir públicamente que China “controla” el Canal de Panamá y que Panamá debería devolvérselo a Estados Unidos por seguridad hemisférica. Las declaraciones de Trump, aunque polémicas y profundamente criticadas por las autoridades panameñas, se convirtieron en un factor adicional que politizó el debate.
Durante 2025 y 2026, altos funcionarios de Washington, incluida el secretario de Estado Marco Rubio, presionaron a Panamá para que reconsiderara la presencia de capitales vinculados a China en terminales portuarias clave, afirmando que la operación de estas instalaciones podía constituir un riesgo para la seguridad logística y estratégica regional.
Esta presión se da en un momento de creciente competencia entre Washington y Pekín por influencia en América Latina y el Caribe. El Canal de Panamá —puerta de entrada al comercio global— es percibido por Estados Unidos como un activo estratégico cuyo control indirecto por parte de intereses chinos podría alterar equilibrios geopolíticos.
3. Implicaciones para México y otros países latinoamericanos
La decisión panameña envía tres mensajes clave a la región:
• Soberanía y revisión de contratos estratégicos: Gobiernos latinoamericanos están observando cómo un Estado soberano puede revisar y, eventualmente, anular concesiones si consideran que afectan intereses nacionales, economía o seguridad. Esto podría alentar a otros países a evaluar críticamente las concesiones otorgadas a empresas extranjeras, incluyendo chinas.
• Geopolítica de inversiones chinas: China ha invertido fuertemente en infraestructura portuaria en la región como parte de su estrategia global de expansión económica. La decisión panameña pone de relieve la sensibilidad geopolítica de estos acuerdos y plantea dudas sobre el estatus jurídico y la estabilidad de futuras inversiones chinas en logística y transporte.
• Equilibrio entre capitales extranjeros: Para países como México, que también tiene puertos operados o concesionados a empresas con vínculos asiáticos o globales, el caso panameño es indicativo de que la participación de capital extranjero en infraestructura crítica puede ser objeto de escrutinio no solo por razones económicas, sino también por razones políticas y de seguridad nacional.
4. ¿Por qué ahora?
Más allá de los argumentos técnicos de la Corte, la confluencia de factores internos y externos aceleró la decisión:
• Una revisión jurídica y auditorías que señalaban posibles irregularidades en la concesión.
• Las tensiones crecientes entre Estados Unidos y China en el contexto de rivalidad global, donde ambos buscan asegurar influencia sobre corredores logísticos vitales.
• La preocupación de Washington sobre el rol de empresas vinculadas a China en infraestructura crítica, intensificada por las declaraciones de Trump y las acciones diplomáticas de su administración.
Conclusión
La anulación de- la concesión a Hutchison en Panamá no es solo un asunto jurídico nacional, sino un síntoma de la mayor competencia geopolítica global y de la reevaluación que muchos países latinoamericanos están llevando a cabo sobre sus relaciones con potencias extranjeras, especialmente en sectores estratégicos como los puertos. Para México y la región, la decisión subraya la importancia de equilibrar la inversión extranjera con consideraciones de soberanía, seguridad y estabilidad jurídica, en un contexto internacional cada vez más polarizado.
Esta decisión marca un giro jurídico y político de gran impacto, tanto interno como regional, pues define una nueva pauta frente a la participación de empresas vinculadas a China en infraestructura crítica de América Latina”.
